En nuestro blog del pasado 4 de Marzo, que reproducimos al final de este escrito, dábamos la bienvenida a una sentencia, esta vez  del Tribunal Constitucional (la última de una larga serie), que establece la obligatoriedad de destinar los fondos que se recaudan por la vía de las cuotas a la Seguridad Social por el concepto de formación profesional, a la formación de trabajadores en activo y gestionadas por sus representantes, los agentes sociales.

El título del artículo “POR FIN, EL CONSTITUCIONAL NOS DEVUELVE LA VOZ”, y su contenido, reclaman el derecho de empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones, para aplicar los fondos generados con destino a la formación profesional de trabajadores en activo y que no pueden dedicarse a otros fines distintos de los que causan la recaudación.

La Tesorería General de la Seguridad Social, recauda por este concepto 1.860 millones de euros a través de la citada cuota de formación profesional, el 0,7% de la base de cotización, que tienen como objetivo la financiación del subsistema de Formación continua por lo que, por su carácter finalista, no pueden dedicarse a las llamadas políticas activas de empleo, formación de desempleados y, mucho menos, al pago de prestaciones por desempleo, como está ocurriendo.

Nos reafirmamos en el contenido de nuestro blog del 4 de Marzo pasado y nos sumamos a las distintas organizaciones de la CEOE que, hartas de ser orilladas, se han plantado ante el Presidente Juan Rosell y enviado una carta emplazándole a negociar con el Gobierno de manera urgente una reforma del Sistema de Formación Continua que concluya en un pacto que respete y acate las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional.

Y es que, según distintas fuentes, en los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, ya se produjo una importante reducción, superior al 30% de las cantidades recaudadas para esta finalidad, y en el año 2013, de los 1.860 millones de euros recaudados, se han destinado el 57% del total, es decir 1.059 millones, para desempleados, cantidades que gestionan las Comunidades Autónomas.

Entendemos las dificultades del Ejecutivo para cuadrar sus cuentas en momentos tan difíciles, pero no podemos permitir sin protestar, que se detraigan cantidades tan importantes de unos fines tan claramente definidos y tan reiteradamente incumplidos pese a las continuas sentencias de los tribunales, que los políticos ignoran con un manifiesto desprecio hacia las organizaciones de los empresarios.

 

Y para colmo, una buena parte de dichas cantidades se destinan a engrosar las cuentas y los cometidos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, suplantando las funciones y los derechos de empresarios y trabajadores, financiadores de las mismas y destinatarios últimos de las políticas de formación continua para la mejora de sus actividades.

Es la historia de siempre. Los políticos acumulan poder y medios y las organizaciones nos limitamos a protestar tímidamente, ayunos de la fuerza y la independencia perdidos hace tiempo y que, al paso que vamos, no recuperaremos nunca más.

Las últimas noticias sobre algunos escándalos en el manejo de los fondos de formación por parte de algunos sindicatos y organizaciones empresariales que, de confirmarse, rechazamos y exigimos su esclarecimiento, no impiden que las organizaciones libres y legítimas de los empresarios reclamemos nuestros derechos y nos comprometamos a cumplir nuestras obligaciones, de manera especial en este supuesto, tan importante para todos, máxime cuando las financiamos plenamente.

-  Blog de Marzo -

En este comienzo del año 2013, en que los políticos intentan vanamente convencernos de que se inicia el final de la crisis, sabiendo que estamos en lo más álgido de la misma, se ha producido un acontecimiento que merece la pena ser analizado y comentado debidamente.

Y es que el Tribunal Constitucional, en sentencia del 22 de Enero de 2013, establece que los fondos de formación continua han de ser controlados por las empresas y los trabajadores que los sufragan, es decir, por sus representantes de la patronal y los sindicatos.

La sentencia, inequívoca en su formulación, no hace más que reconocer un derecho de las organizaciones de empresarios y trabajadores recogido en nuestra Constitución que, desde su Título Preliminar, nos hace responsables de la gestión de “ los intereses que nos son propios”.

Sin embargo, el mundo de la política viene ocupando todos los espacios de la sociedad hasta un extremo asfixiante que produce el rechazo de los ciudadanos, recogido con amplitud en las encuestas. Políticos de toda condición se permiten poner en cuestión la labor de patronales y sindicatos, organizaciones sociales o ciudadanas múltiples. La cuestión es controlar la sociedad para que nada ni nadie discuta su hegemonía y su dominio.

Consciente de ello, el actual gobierno empieza a poner coto a la presión de Ayuntamientos, Comunidades y partidos políticos. Trata de limitar su poder y la abusiva distribución de cargos, bienes y dineros entre amigos, colaboradores o correligionarios, hasta tal punto que la sociedad civil, que debiera inspirar la acción política, abomina de ella y rechaza su predominio.

Y, mientras tanto, hasta que la sociedad despierte y exija su papel, esencial para una democracia sana, es bueno que a la incipiente y lenta labor del Gobierno, los jueces del Tribunal Constitucional se hayan sumado, dando una lección a algunos políticos que, en su prepotencia, decidieron que también podían disponer de los fondos que empresas y empleados están obligados a aportar para la formación de los trabajadores ocupados.

Lo curioso del caso es que la sentencia ha sido consecuencia de un recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña, reclamando para sí el control de estos fondos e, incluso, la capacidad para legislar sobre ellos. CEOE y los Sindicatos, derrotados, parecían haber aceptado que el Estado, a través de la decisión de Fátima Báñez, dedicara la mitad de los mismos a las llamadas políticas activas de empleo, brindando a Comunidades autónomas y Ayuntamientos su gestión para la atención a los desempleados, en lo que creemos un claro abuso de poder y un regalo envenenado.

Pero el Tribunal Constitucional lo ha dejado bien claro y “ el Gobierno ha encajado un varapalo después de haber ninguneado a la CEOE y atacado a los sindicatos” según una fuente sindical. Ahora Ayuntamientos y Comunidades autónomas deberán devolver esos fondos para que sean gestionados por quienes únicamente pueden hacerlo, patronales y sindicatos.

Y este es el momento para demostrar que ambos están en condiciones de llevarlo a cabo con eficacia y transparencia, por muy desprestigiados que estén, porque no podemos ignorar que, con frecuencia, los fondos de formación se utilizan para fines distintos y que demasiadas personas, supuestos líderes empresariales o sindicales, se lucran con ellos y viven de su utilización oscura o interesada.

Desenmascaremos de una vez a falsas patronales que, apoyadas por políticos de todo signo, sobreviven arteramente en una jungla que mezcla los intereses de formación de nuestros trabajadores, con los de una importante cantidad de arribistas y supuestos líderes empresariales que acumulan cargos de representación para seguir avanzando en el descrédito y la politización de nuestras necesarias organizaciones.

En esa tarea, podemos asegurar que FEDESMA estará en la primera línea.

Madrid ante el espejo

No hace demasiados meses que el Presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio nos invitó a una comida en la sede de la institución, en la que se trataba de presentarnos a la Alcaldesa, Dª Ana Botella y su equipo de entonces. Los asistentes fuimos los componentes de la llamada Mesa de CEIM, es decir sus Vicepresidentes y el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Algo más de veinte personas, eso que el Presidente de CEIM y la Cámara llama su equipo o, más equívocamente, los “empresarios de Madrid”.

El objeto no era otro que el de conversar con la Alcaldesa y que ella misma en persona nos aclarara las cuestiones o dudas, de cualquier índole, que los asistentes expusieran en la sobremesa. No habían ocurrido muchos de los episodios que se han producido posteriormente. Ni la tragedia del Madrid Arena, que ha descabalgado de la Alcaldía a los colaboradores que acompañaban a la Alcaldesa, ni la desafortunada gestión de las empresas de recogida de basuras, ni algunos otros episodios que han dado en un claro descenso de la popularidad de la propia Alcaldesa.

La mayor parte del coloquio se centró en las expectativas de la ciudad de Madrid ante la reunión decisiva del Comité Olímpico Internacional que debería decidir sobre la candidatura de la ciudad de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2020 y que concitaba la ilusión de muchos de los convocados al almuerzo.

Llegado mi turno, pese al ambiente de exultante confianza en el proyecto, expuse a la regidora madrileña si no sería lo más adecuado retirar la candidatura a tiempo, basándome en las decisiones de los gobiernos italiano y francés que habían decidido retirar las de Roma y París, fundamentalmente por los problemas económicos que acosaban a dichas ciudades y sus Estados, cuestión que tenía muchas semejanzas con la ciudad y la economía actuales de Madrid.

Ni que decir tiene que no hubo posible debate. La práctica totalidad de los asistentes, algunos incluso alarmados por una pregunta tan fuera de lugar, concluyeron que el éxito de la candidatura estaba alejada de toda duda y que el efecto beneficioso de los Juegos Olímpicos, relanzaría la región de Madrid y, con ello, su maltrecha economía. Nada de qué hablar, nada que discutir. El éxito premeditado de la misión estaba asegurado.

La anécdota, absolutamente cierta, explica muchas de las cosas que nos pasan en Madrid. Por una parte, la representación institucional de “los empresarios de Madrid” en su actual ensoñación, que dice abarcar la totalidad de un mundo que se aparta de nosotros y por otra la representación política que no atiende a razones y hace caer sobre la sociedad el peso de sus equivocaciones y sus consecuencias, sin más debate.

Una tras otra, situaciones y fracasos similares se suceden sin que parezca importarle a nadie que pertenezca al mundo de la política o de las patronales que todas ellas traen importantes repercusiones en forma de costes, excesos presupuestarios, incrementos fiscales, ineficacias múltiples y otros muchos desastres propiciados por la falta de análisis y por exceso de confianza o de sometimiento a los dictados de los políticos. Y todo ello recae sobre la entera sociedad, también sobre los empresarios, que somos los que debiéramos generar la riqueza que tan alegremente se distribuye.

En consecuencia, el gran proyecto de las Olimpiadas de Madrid, ha desaparecido sin más, como así ha ocurrido también con  las Cajas de Ahorro, diluidas y sin responsables conocidos, pese a nuestra participación activa en ellas o el escándalo de los EREs y los fondos para la formación, gestionados por los sindicatos en Andalucía o los costes internos de nuestra organización central, la “mas representativa” de acuerdo con la Ley 7/95, que debieran ser transparentes y públicos y no lo son.

 O, en otro orden de cosas, la nueva Ley de Cámaras que pende amenazadora sobre nosotros, sobre nuestras organizaciones, por decisiones de algún órgano de la Administración que, como a  lo largo de nuestra historia, parece pretender asumir las funciones constitucionales de las organizaciones libres de los empresarios por la vía de una Ley uniformadora que acabará con todas ellas, si nosotros no lo remediamos.

Y todo sin explicaciones, sin debate, sin transparencia. Porque lo impone quién puede y los demás parecemos aceptarlo en silencio,  con una cierta mansedumbre lanar y la mayor resignación.

Algunos nos preguntamos: ¿ Seguirá siendo lo mismo después de las elecciones de CEIM, que deberá elegir nuevos rectores en su próxima Asamblea General ?.

De ser así, de continuar los mismos que han callado tanto, lo normal es que escojamos otros caminos, para no seguir errando.

 Enrique Martínez Piqueras

 Presidente de FEDESMA

LEY DE TRANSPARENCIA: Patronales transparencia total

Estos días se está tratando en la Comisión Constitucional del Congreso sobre la nueva Ley de Transparencia que afectará también a la patronal y a los sindicatos. Con este motivo, han sido citados para exponer su posición, los representantes de dichas instituciones, que nos han dejado unas declaraciones de lo más sabroso.

Las declaraciones del representante empresarial, Juan Pablo Lázaro, han llenado a muchos empresarios de inquietud y desconcierto. De inquietud, porque viniendo de un empresario aún joven, aunque con experiencia en la labor más oscura del mundo asociativo, ha abordado la cuestión con argumentos que parecen venidos de otra época. De épocas a las que los empresarios no debiéramos regresar, ni tampoco unas organizaciones libres que aspiren a la modernidad.

Y de desconcierto porque a estas alturas de nuestra democracia, inmersos en la mayor crisis económica que se recuerda, cuando el país entero y la gran mayoría de nuestros ciudadanos reclama transparencia, hasta la Casa Real pide que se la incluya en la nueva Ley y los barómetros sociológicos nos aperciben del escaso valor que los empresarios conceden a nuestras organizaciones, el discurso de nuestro teórico representante se centra en rechazar el control de unas cuentas que él sabe bien que, en un altísimo porcentaje, se surten de fondos públicos porque nuestras asociaciones, desprestigiadas, vacías de empresarios comprometidos, en la mayoría de los casos no generan ni el 10% de sus ingresos totales a través de las cuotas voluntarias de sus miembros.

No se entiende que se intente eludir la posibilidad de que se conozcan y hagan públicas, si fuera necesario o conveniente, las retribuciones de nuestros dirigentes ni la composición y cumplimiento de los presupuestos de pequeñas o grandes organizaciones, ni se entiende que su argumentación se base en el supuesto perjuicio que, según él, se causaría a la mayoría de las 4500 entidades que componen la CEOE, casi todas de pequeña dimensión, lo cual “obstaculizaría su funcionamiento”, cuando sabe muy bien el ponente que la Ley afectará especialmente a las grandes ya que a las pequeñas organizaciones no les preocupa en absoluto la TRANSPARENCIA TOTAL.

Estamos seguros de que el discurso forzado de Juan Pablo Lázaro, impuesto por la propia CEOE, no recibirá la adhesión de nuestros empresarios, ni siquiera la de los escasos dirigentes no profesionales que nos van quedando, tan seguros como de que, como es costumbre, no se producirá el necesario debate sobre tan importante cuestión en la gran patronal y sus ramificaciones, porque no les conviene profundizar en ello y la cúpula preferirá el mal menor que, dicho sea de paso, ya está suficientemente tamizado para que si se produce la necesidad de acuerdos a posteriori, sean los políticos quienes decidan.

Lo que nos hubiera gustado es que nuestros teóricos representantes, a semejanza del discurso más inteligente de los Sindicatos, hubieran alzado ante los diputados la bandera de la transparencia ligándola a la libertad de asociación que proclama la Constitución, así como la preeminencia de las asociaciones libres sobre las instituciones públicas que la limitan y amenazan de nuevo con una posible y ampliada Ley de Cámaras de Comercio que, si Dios no lo remedia, cederá en gran medida la representación y prestación de servicios empresariales a los poderes públicos y sus terminales políticas.

Porque CEOE no lo va a remediar, a juzgar por su débil oposición y la multitud de pequeñas organizaciones libres, que deseamos la TRANSPARENCIA TOTAL, nos encontraremos pronto ante la necesidad de abandonar, porque no tendremos ni fondos públicos ni cuotas privadas que auditar ante nuestros ciudadanos.

 

 Enrique Martínez Piqueras

 Presidente de FEDESMA

 

 

 

LOS LLAMADOS AGENTES SOCIALES, LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y OTROS EMBROLLOS POLÍTICOS (II)

En la entrega anterior, he querido explicar la importancia que nuestro texto constitucional otorga a las organizaciones de los empresarios, a las que adjudica la defensa y promoción de los intereses económicos que les son propios, en el ejercicio de su libertad y funcionamiento democrático.

Ello conlleva indudables derechos y obligaciones que, a juicio de muchos empresarios, deben ser observados escrupulosamente y respetados porque, al hacerlas depositarias de la representación de las empresas, la Constitución decide que en la gestión de los mismos su papel es fundamental. Y no solo en aquello que ha dado en denominarse como “diálogo social” sino en toda otra cuestión de carácter económico que afecte o pueda afectar a los intereses que les son propios.

Pero así como en la transición los sindicatos libres de los trabajadores no tuvieron demasiados problemas para afirmar su acción y proyectar su futuro, las organizaciones de los empresarios se encontraron en situación distinta. Unas potentes organizaciones casi centenarias, corporaciones de derecho público, de adscripción obligatoria, cuya finalidad era y pretende seguir siendo la defensa de los intereses generales de las empresas – industria, comercio y servicios – con estructura y financiación públicas, operaban en el mismo ámbito, representaban a los mismos actores y, con reglas de juego distintas, perseguían parecidos objetivos: LAS CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION.

Ajeno a esta situación, el Gobierno ha decidido aprobar el anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios para su debate y, en su caso, aprobación en el Parlamento y, como hemos dicho, ello tendrá un efecto sobre las organizaciones patronales. Dada su  importancia y la repercusión que de seguro tendrá el asunto, merece la pena recordar la historia de las Cámaras y los desencuentros habidos entre ambas instituciones desde el mismo comienzo de la democracia.

Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, herederas de los gremios y los consulados,  iniciaron su andadura al amparo del Real Decreto de 1886, como “asociaciones voluntarias, libres y privadas”, con un vasto catálogo de competencias y escasos medios, por lo que el Real Decreto de 21 de Junio de 1901 amplió sus atribuciones y recursos, calificándolas como establecimientos públicos, con representación del comercio y la industria. No obstante, la carencia de recursos llevó al Gobierno de la época a promulgar la Ley de Bases de 1911, reconociendo la pertenencia obligatoria de todas las empresas, en calidad de electores y la contribución a su sostenimiento por parte de las que tuvieran beneficios.

Ya en plena democracia, La Ley 3/1993, de 22 de Marzo, reforzó su papel como corporaciones de derecho público, y tras diversos avatares, por la oposición de las patronales agrupadas en CEOE y la desafección de una gran cantidad de empresarios descontentos con el sistema dual que representaban, el Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de Diciembre eliminó la pertenencia y pago obligatorios para todas las empresas.

Es absurdo e inútil discutir la importancia y el papel histórico de las Cámaras, sus aportaciones a la economía, al crecimiento de las empresas y su relevancia institucional en determinados momentos de nuestra historia económica. Como lo es minusvalorar los apoyos que han venido prestando a multitud de empresas de pequeña dimensión o el valor de su marca ante los desafíos internacionales del comercio o, en otro orden de cosas, el importante patrimonio acumulado de algunas de ellas que merece ser reconocido y exaltado.

Pero también es necesario analizar lo sucedido durante el transcurso del periodo democrático y los conflictos, desencuentros y hasta enfrentamientos entra las patronales libres, diseñadas por nuestra Constitución y las Cámaras, como entes públicos. Por eso,  creo que es bueno recordar todo ello. Recordar porque, como dijo Aristóteles “ gracias a la memoria, se da en los hombres lo que se llama experiencia” y lo vivido entre ambas instituciones, con mayor o menor reconocimiento institucional, si no se le pone remedio, se puede reproducir en los próximos tiempos.

Muchos empresarios que hemos vivido aquellos momentos, recordamos la presión del Gobierno de Felipe González en favor de una nueva Ley de Cámaras plenamente constitucional, así como el posicionamiento y las duras frases de José María Cuevas sobre la nula necesidad de unas instituciones de derecho público que limitaban el fortalecimiento y el avance de las patronales libres. También las promesas de los distintos partidos, en el gobierno o en la oposición, dispuestos a  resolver la dualidad, pero incumpliéndolas al llegar al poder. En definitiva, en momentos de gran tensión, hemos experimentado las enormes diferencias de criterio de los que aparentaban ser los mismos empresarios, en función de su representatividad, del lado en que se encontraban, de si eran patronales o, por el contrario, camerales.

Y, cómo no, recordamos la decisión de muchas patronales de asumir el mando de las Cámaras a través de las elecciones,  eliminando el peligro y potenciando así nuestras organizaciones a través de su gestión directa. Desde aquella llamada “guerra de las Cámaras” algunos, muy pocos, consiguieron la presidencia de ambas instituciones, dada la división existente que ha llegado hasta hoy. Como ejemplo, en Madrid, desde entonces, los Presidentes de CEIM han ostentado también la presidencia de la Cámara de Madrid.

Pese a todo, las elecciones, en plena batalla por el control de las Cámaras, no llegaron a interesar al cuerpo electoral – el total de los empresarios censados – con una participación cercana al 3 por ciento en el mejor de los casos, lo que demuestra el escaso valor que han tenido y tienen para el empresario medio.  

Por eso nos sorprende sobremanera la decisión del Gobierno de abordar una nueva Ley que potencia sus funciones y prima a las empresas de mayor dimensión en los órganos de Gobierno, al tiempo que obliga a mantener a todas ellas en el censo, eso sí, sin la exigencia  de pago alguno obligatorio, solo por la prestación de los servicios que voluntariamente se soliciten.

La formación, ahora dual, similar al sistema alemán, que se restringe a las patronales, se adjudicará a las Cámaras, al tiempo que se facilitarán los acuerdos de prestación de servicios con las distintas administraciones públicas, en función de su carácter de corporaciones públicas, lo que significa que se limitará la acción de las organizaciones libres de los empresarios, en beneficio de una mayor intervención política en la economía a través de un nuevo ente público corregido y aumentado.

Es una mala noticia para las asociaciones empresariales que verán restringida su acción y limitado su futuro. Los empresarios deberán decidir donde se posicionan y quién le presta los servicios. Seguirá la confusión y la frustración de tantos dirigentes empresariales que ven, una vez más, que la libertad no es la prioridad de nuestros políticos.

Al menos nos queda un consuelo: la posibilidad de transformar nuestras organizaciones en Cámaras y pasarnos todos al sector público, en el que no hay, al parecer, problemas de financiación ni de legitimidad.

 

 Enrique Martínez Piqueras

  Presidente de FEDESMA, Vicepresidente de CEIM

 Miembro del Pleno de La Cámara de Madrid y de la Asamblea de CEOE

 

 

 

 

 

OTRA CEIM ES POSIBLE. . . Y NECESARIA

Esta noche el presidente Aznar en su entrevista de Antena 3 ha dicho lo que muchos españoles, y sobre todo votantes del PP, llevaban diciendo por activa, por pasiva y por perifrástica: así no, este no es el camino, no se le ha dado una mayoría absoluta a Mariano Rajoy para hacer la política que hace. Que lo sabíamos millones de personas, no es ningún secreto. Que nos desgañitábamos gritándolo a los cuatro vientos sin ningún efecto, es obvio.

El presidente Aznar ha hecho lo que se espera de todo líder, que es dar un paso al frente y expresar sin ningún tipo de miedo, pero aceptando las consecuencias, el sentir de una gran parte de la sociedad Española. No se ha puesto de perfil y con el gesto de hoy acaba de descolocar a todo un partido acomodado y adormecido por la falta de democracia interna.

Y su acto tiene la importancia que tiene por esto último: dentro del Partido Popular no existen los mecanismos necesarios para que el sentir de la militancia llegue a la cúpula del poder. La desconexión entre la base y la cabeza es total, y la sensación de desánimo ante la sensación de que los políticos quieren a sus afiliados para que los aplaudan, no para que participen en la política, es fácilmente descriptible.

Esta es la misma sensación que tenemos muchos empresarios y asociaciones empresariales a los cuales se nos niega la posibilidad de pertenecer a CEIM, de defender activamente a nuestros empresarios en los foros donde se gestionan sus intereses. Que la desconexión de CEIM respecto de la realidad, que su capacidad de influencia en la sociedad y en las administraciones ha menguado a la vez que crecía su capacidad de acomodarse al poder político, y que se comporta casi como un club privado encerrado en sí mismo . . . no lo dudan ni los propios miembros de CEIM. Cual Partido Popular Rajoyesco, los miembros de la actual CEIM ,siguen en su inercia, criticando en la sombra y asintiendo en público, haciendo esa política de barra de bar tan cara a los españoles. Y luego envainándosela con discreta elegancia a la hora de dar un paso al frente.

Quizás nos faltan en la patronal figuras de peso pero con perspectiva que hagan lo que Aznar esta noche: asumir como propio el sentir de las bases y aceptar que tienen con su patronal un compromiso. ¿Dónde están esas figuras de la historia de CEIM, de nuestra historia, para que den un paso al frente y cambien el rumbo de nuestra asociación? ¿Dónde están esos empresarios que ya lo tienen todo ganado y que tienen tanto que aportar a su sociedad? ¿Tenemos que quemar a toda una generación de jóvenes líderes empresariales porque los que realmente tienen que dar el paso tienen miedo? ¿Nadie es consciente que con este rumbo CEIM no es una patronal, sino una secretaría de estado?

Una secretaría de Estado . . . uhmmm, para dirigir eso no hace falta un presidente, ni un empresario... basta con un funcionario. Y nos evitamos numeritos como el de alguna vicepresidencia. . . nada que todo el mundo no sepa. Pero hay miedo a perder, justo lo que no tenemos ya muchos empresarios: lo hemos perdido todo, sólo nos quedan nuestros principios y una mala leche del copón.

Manuel Beas Pérez de Tudela
Presidente de ATIEC

LOS LLAMADOS AGENTES SOCIALES, LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y OTROS EMBROLLOS POLITICOS (I)

Constitución española de 1978 : TITULO PRELIMINAR : Artículo 7
“Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento, deberán ser democráticos”.

Con este respaldo, entre el artículo 6 dedicado a los partidos políticos con una redacción similar y el artículo 8 dedicado a las fuerzas armadas, la Constitución española marcó el camino a los nuevos sindicatos y a las organizaciones libres de los empresarios, dotándolos de identidad constitucional propia, al estilo de los grandes Textos constitucionales europeos.
Desmantelado el tinglado de los sindicatos verticales del franquismo, alojamiento obligado de unos y otros, superada ampliamente la formulación del régimen de libertades de la Constitución Republicana, los sindicatos no tuvieron demasiados problemas para legitimarse y comenzar su acción, aún cuando muchas empresas no estaban preparadas ante un cambio tan radical como el que intentaron imponer y las crisis empresariales y los problemas derivados del nuevo modelo fueron sus primeras consecuencias.
Los políticos de entonces, alarmados por una situación de conflictividad creciente, trataron de encauzar las situaciones de riesgo por la vía más sencilla: apoyo a los derechos de los trabajadores plasmados en leyes tan obsoletas como el propio franquismo del que procedían y pasividad, cuando no apoyo expreso a los nuevos sindicatos, ante la conflictividad creciente, la desaparición de empresas, el desánimo empresarial y la falta de un tejido asociativo de los empresarios capaz de afrontar los enormes retos que se planteaban a diario.
Por suerte para todos, empresarios importantes, algunos desgraciadamente desaparecidos, otros en el olvido o alejados de los postulados actuales, hicieron frente a la situación y constituyeron las primeras organizaciones libres, liderándolas con honradez y coraje, promoviendo un asociacionismo sano, transparente, representativo de la multitud de pequeños, medianos y grandes empresarios desorientados. Entre grandes y menores actos de reivindicación, nació la gran patronal CEOE que fue capaz de ayudar a cambiar la situación, moderar a los sindicatos y convencer a los políticos, siempre escépticos, de la importancia de su función en beneficio del interés general.
Muchos años después, todo ha cambiado. En poco tiempo, por culpa de unos y otros, sindicatos y patronales han ido perdiendo peso y presencia, aunque no legitimidad. Los desaparecidos liderazgos limpios e independientes, tan necesarios para hacer fiable el sistema, han dado paso a los gestores de intereses múltiples y, a veces, inconfesables, provocando la desafección generalizada de trabajadores y empresarios que reniegan de un sistema concebido para defenderles pero que, en los momentos actuales, los más duros de la democracia, han quedado en la denominación tan simple como inútil de AGENTES SOCIALES, dedicados por entero a la foto con los políticos en actos sin más contenido que el de apoyar la confusa idea de estos sobre las necesarias estabilidad y gobernabilidad, muy por delante de los intereses comunes.
Es el precio pagado por el “pecado original” de haber sido depositarios de la voluntad popular en la ambiciosa formulación de la Constitución española. En palabras del escritor Muñoz Molina, en su reciente libro “Todo lo que era sólido”, el tinglado de todo lo que parecía firme y próspero ahora se hunde ante nuestros ojos: para que todo eso fuera posible hizo falta que se juntaran la quiebra de la legalidad, la ambición del poder político y la codicia, pero también la suspensión del espíritu crítico.
Lo que nos queda ahora son patronales más entregadas al poder político que a los intereses de empresarios y trabajadores, no necesariamente coincidentes, compuestas en su gran mayoría por dirigentes poco propensos a admitir la crítica, el debate abierto ni a potenciar los liderazgos y el asociacionismo generalizado, que han sido los ejes motores de unas organizaciones antes libres y ahora cautivas de sus propias incapacidades para cumplir el papel que les asigna la Constitución de defensa y promoción de todos aquellos intereses que nos son propios, sin más condición que el respeto a la propia Constitución y a la ley.
Nos quedan patronales que incumplen clamorosamente sus propios Estatutos y la obligación de su funcionamiento democrático, sin una sola queja de sus órganos de gobierno. O que mezclan confusamente los distintos órganos directivos y de gobierno, para preservar intereses personales, políticos o ambas cosas. O que, ante la fragmentación de patronales, todas ellas legítimas, esconden su evidente incapacidad bien limitando la participación de alguna que otra o bien solicitando vergonzantemente puestos clave que preserven su representatividad, en aquellas constituidas por los poderosos que, hartos de tanta inanidad, deciden crear nuevos foros para la mejor defensa de sus intereses.
Es la política en estado puro trasladada al ámbito empresarial. El fracaso de un sistema bendecido por casi todos y arrinconado por unos pocos. Y ahora, para colmo, se nos echa encima, con toda su crudeza, el asunto de las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (antes Navegación) que, por su relevancia, dejaré para el próximo capítulo, no sin antes decir que, en opinión de muchos de nosotros, puede significar la muerte definitiva de tantas patronales que se encuentran en tratamiento asistido pero, sobre todo, un nuevo ataque a esa Constitución que algunos políticos parecen querer incumplir, con un desprecio manifiesto y muchas veces público y desafiante.

Enrique Martínez Piqueras
Presidente de FEDESMA, Vicepresidente de CEIM
Miembro del Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y de la Asamblea de CEOE

Nueva Ley de Cámaras; Réquiem por las patronales libres

El último Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, que lleva anunciándose largos meses y que se ha venido tramitando con un absoluto secretismo pero sin la intervención de los empresarios, ni tan siquiera de los pertenecientes a los Plenos de las 88 Cámaras de Comercio que componen el propio Consejo de Cámaras, que hemos desconocido su contenido en todo momento.

De acuerdo con su articulado, este organismo, reconocidamente inútil, pasará a ser la Cámara de Comercio de España, con la finalidad de contribuir al loable esfuerzo conjunto en la internacionalización de la empresa española. Pretende la acción de todas las de carácter oficial, con el apoyo de las Cámaras de Comercio de España en el exterior, de carácter privado, reforzando así la marca ESPAÑA y el prestigio de nuestros productos en el exterior.

Loable objetivo, sin duda, que deseamos se alcance, pese a que el sistema escogido es el peor de los posibles. Al menos es lo que parece, a juzgar por los escasos datos que    se nos han avanzado y que parece mezclar conceptos tan dispares como la continuación de la  pertenencia obligada de todas las empresas, sin necesidad de pago obligatorio alguno, junto con mayores derechos para aquellas empresas que aporten cuotas voluntariamente, aún cuando la vicepresidenta del Gobierno aseguró que la misión fundamental es vigilar por los derechos de las pequeñas y medianas empresas.

Difícil misión cuando, en opinión de muchos de nosotros, lo que se intenta es potenciarlas, ampliando su campo, abriendo la puerta a que las grandes empresas controlen, de manera efectiva y con apoyo de las Comunidades autónomas, todos y cada uno de los órganos de gobierno y ejecutivos de unos entes que continúan siendo corporaciones de derecho público, ampliamente tuteladas por los responsables políticos y, en consecuencia, limitar la acción de las organizaciones empresariales teóricamente libres e independientes que habían tratado de controlar su actividad, fracasando en el intento.

Lejos están las palabras de José María Cuevas dirigidas al gobierno de Felipe González. “Las mejores Cámaras de comercio son las que no existen”, asumidas por el entonces candidato de la oposición Rodrigo Rato que aseguró que cambiaría la Ley cuando llegara al Gobierno, en apoyo a las patronales libres que establece la Constitución. Y claro que cambió la Ley, pero para situar a su hombre de confianza, Fernández Norniellas, al frente de un politizado y excluyente Consejo Superior de Cámaras, hoy definitivamente defenestrado en beneficio de la marca ESPAÑA.

Lejos están también los esfuerzos de tantos buenos empresarios comprometidos con las patronales auténticas que, una vez más, comprueban como su trabajo y sus convicciones son sepultados por los intereses de los políticos que desconfían de la sociedad y tratan de identificar los intereses generales con sus propios intereses, para evitar las posibles y molestas interferencias que la libertad y la democracia puedan ejercer sobre su caótica y ocultista gestión.

A falta de su debate en el Congreso de los Diputados, mucho nos tememos que el resto de las fuerzas políticas permitan finalizar el trabajo, ya bien avanzado, de debilitamiento y control político de las organizaciones libres de los empresarios, con la puesta en marcha de un nuevo y potente ente público, como siempre repleto de personajes travestidos de emprendedores, yernócratas y otras especies extraídas de la política , cada vez más conocidas entre nosotros.

Y a los empresarios que hemos creído, ingenuamente, en unas patronales libres como la Constitución determina, no nos quedará más que entonar un sentido réquiem por su desaparición efectiva y la nostalgia de los pocos tiempos buenos que tuvimos, convencidos de que nuestro trabajo hubiera podido servir para algo.

El Tapón

Este lunes Mariano Rajoy visitó el Instituto de Empresa Familiar y después del discurso de rigor se enfrento a las preguntas de los empresarios. Después de muchos meses alguien conseguía libremente preguntar al Presidente. Y el que contestaba no era una televisión de plasma ni se trataba de una “rueda de prensa” sin preguntas. El presidente se vio interrogado por empresarios de verdad y lo que oyó no le gusto ni un pelo. Se sintió incomodo y los empresarios de base hicieron las preguntas que nuestros líderes empresariales no hacen. Don Mariano no tenía delante al Presidente ni de la CEOE, ni al de CEIM, creía que jugaba en casa, que los empresarios que tenía delante eran de esos pastueños cuyo negocio depende del BOE o una subvención o de llevarse bien con el poder. . . Y no. Le preguntaron gente que sabe que es pagar una nómina, que sabe que es pelear por un presupuesto y que generan riqueza de verdad. El Presidente estaba perplejo, él, que decide desde arriba quien preside o no preside las patronales. Pero ¡Ay! Presidente, no se puede elegir a los afiliados. . .  Puedes elegir que tapón poner a la botella, pero no puedes evitar que se derrame el contenido cuando la abres. Y es que nuestros políticos están acostumbrados a decidirlo todo, quien preside tal o cual ente, o asociación, o fundación. Lejos de ellos el dejar que la sociedad se organice, ELLOS SON LA REALIDAD, son como el niño que quería tapar el sol con un dedo. Así que Don Mariano preferirá reunirse con sus amigos de CEOE-CEIM, que no son tan desagradables como esos empresarios preguntones e impacientes, y que además hacen unas ensaladas y cocidos tan ricos en los catering de los ministerios. Esta forma tan sutil de representatividad se llama democracia inversa: primero elegimos al presidente y luego a los afiliados a presidir, aunque sean cuatro gatos. Lo contrario, es decir, los empresarios eligen libremente a su representante, no está bien visto en un país tan Mariano como este. Cuidado con los tapones, si la botella es de espumoso, cava o ¡qué coño! Un buen champan francés, en cuanto abres la botella el tapón sale zumbando y no hay BOE que recoja todas esas burbujas. Presidentes: la realidad os va a pasar por encima.

Manolo Beas Pérez de Tudela

Presidente de ATIEC y Vicepresidente de FEDESMA

Del ambiguo lenguaje de las patronales y la necesidad de hablar de claro

A consecuencia de las medidas dadas a conocer por el Gobierno tras el último Consejo, un torrente de críticas, más acertadas que menos , se han derramado en los medios de comunicación para mayor desánimo de ciudadanos en general y empresarios en particular.

La actualización de las previsiones económicas pospone el crecimiento real de la economía hasta bien acabada la legislatura y, en consecuencia, nos prepara ante el inevitable y continuo descenso de la actividad económica con sus terribles secuelas, en forma de desempleo astronómico, impuestos inabordables y mantenimiento de una estructura pública que engulle cualquier ingreso de las administraciones públicas, aún antes de que se produzcan.

Con este cuadro macroeconómico, no se sabe si planteado para acollonar al personal, lo que parece claro es que van a escasear los inversores en los próximos años, los propios por falta de fondos, de financiación y de ilusión y los ajenos porque no merece la pena aportar un céntimo a un país que solamente promete la ruina de las empresas y la miseria a sus trabajadores.

Ante esta avalancha de análisis pesimistas, CEOE y CEPYME, es decir sus presidentes, han emitido un comunicado, tan desmayado e inútil como casi siempre desde hace unos años, del que lo único que merece la pena destacar es su condición de políticamente correcto. Todo lo correcto y político que sus firmantes pretenden, para no enervar al Gobierno y sus ministros, que mantienen el pesebre del que esperan poder continuar alimentándose en los próximos años.

Dicen nuestros próceres que las medidas y las reformas, en el supuesto de que se puedan considerar como tales, van bien encaminadas y valoran positivamente las previsiones económicas actualizadas. A lo más que se atreven es a “destacar aquellas dirigidas a la racionalización del sector público para mejorar su agilidad y eficiencia”. Ni una palabra de más, no vaya a ser que se enojen los que mandan. Del desmadre del gasto público y sus incontables e inútiles entes y el resto de desastres, ni una palabra. Y mucho menos de la ingente mortalidad de proyectos empresariales.

Por el contrario, el Presidente del Gobierno que, dicho sea de paso se pasea  frecuentemente por la “competencia” de las patronales oficiales, ha tenido que escuchar unas cuantas frases en la Asamblea del Instituto de la  Empresa Familiar dignas de ser resaltadas, por su contenido y por la independencia de quienes las han formulado.

 “Llevamos una gran dosis de ajuste, poca de reformas y nada de estímulos”, le ha dicho su portavoz. Y el presidente del instituto, le ha dejado bien claro que “los empresarios necesitamos que se impulsen los cambios necesarios para que las empresas sean mucho más que un recurso fiscal, que sean un capital a proteger, que sean, de verdad y en definitiva, el motor de la la recuperación y no una víctima de la crisis”

Entrecanales presentó al actual Gobierno como un voraz recaudador y dijo que, en su opinión, debe haber un marco que favorezca el crecimiento y no ahogue la iniciativa de las empresas. “No podemos correr el riesgo de que no compense emprender ni mantener lo que tanto hemos tardado en construir”, le dijo, además de que “hay miedo a invertir”, recordándole que el crédito al sector público subió un 20% mientras que cayó un 6% el destinado a financiar las empresas.

Como se puede ver, los lenguajes, la forma de explicar la realidad de las empresas, es muy diferente si lo hace un representante independiente, que se juega su empresa y su dinero, que si lo hace un supuesto empresario en nombre de unas igualmente supuestas organizaciones teóricamente libres e institucionalmente representativas.

De esta manera no es extraño que las grandes verdades las diga un periodista independiente, como Ansón que, en un excelente artículo publicado estos días en “el mundo”, titulado Rajoy no es capaz de reducir el Estado, expresa con total claridad lo que pensamos infinidad de empresarios : “Mariano Rajoy no es capaz de disminuir la estructura depredadora de las Cuatro Administraciones, ni de rebajar el aparato burocrático del Estado, ni de reducir el tamaño de nuestro sector público que, desde que empezó la crisis ha crecido en 10 puntos del PIB y ha decidido cumplimentar a Bruselas subiendo los impuestos, empobreciendo al sector privado”.

A nosotros nos gustan más estos mensajes que los que emiten nuestros teóricos representantes, tan sumisos con el poder, tan ambiguos, no vaya a ser que se salgan de lo políticamente correcto y acaben por decir las verdades como puños que el periodista y escritor ha enumerado en su excelente artículo, por el que le felicitamos y aconsejamos leer en su totalidad y para ello lo reproducimos en nuestro blog.

Y es que, en estos momentos, muchos creemos que es necesario hablar claro, pero sería deseable que esos mensajes fueran pronunciados, bien alto, sin dudas ni restricciones, por alguno de los nuestros.

Empresarios de Madrid

De vuelta de un viaje a Qatar, en el que las noticias sobre España han escaseado, la llegada a nuestro país no ha podido ser más impactante.

Unos días fuera, en un clima multirracial, diversidad de empresarios y proyectos, predominio absoluto de negocios privados y amplia sensación de seguridad en el futuro, contrastan vivamente con la impresión del insólito vacío de nuestras empresas, políticos y dirigentes variados, ante la supremacía brutal de lo público, tras las decisiones del último Consejo de Ministros, asumiendo por años el paro infinito, la decadencia obligada, el final de la ilusión de la empresa privada, de las familias. Todo pendiente de decisiones públicas  y el futuro de cualquiera en manos de unos pocos, sin saber siquiera de quienes.

Asistiendo al Congreso Mundial de Cámaras de Comercio en Doha, uno tiene la impresión de no representar nada entre las más de 120 Cámaras de Comercio mundiales y sus 1200 delegados que tratan de adelantarse a las imposiciones de la globalización, apostando por propuestas que las interrelacionen y hagan más representativas.

El ambiente, la agenda global, dominan las ponencias, sus contenidos y sus retos. OPPORTUNITIES FOR ALL, oportunidades para todos, es el lema. Solo tres de las 82 ruinosas Cámaras españolas presentes en el evento. No más de una docena de españoles entre la muchedumbre multiétnica que persigue su lugar al sol de los negocios globales.

Sin embargo, se agradecen las reuniones con la Embajada y los empresarios españoles, organizados en el SPANISH BUSINESS COUNCIL, entidad o asociación privada que los agrupa voluntariamente, conscientes de la necesidad de la unión para el apoyo a sus proyectos, para el avance de sus contratos presentes y futuros. Todos ellos conocedores del país, de sus gentes, de los canales de negocio, de la importancia de potenciar su organización, los esfuerzos conjuntos y la marca ESPAÑA. Porque solo así podrán obtener el máximo rendimiento de su trabajo en los próximos años de grandes inversiones en el país, pese a sus escasos medios.

Es como un retorno al pasado. A aquellos años en los que los empresarios poblábamos las asociaciones, en las cuales la ilusión superaba las escasas expectativas y ninguno esperaba nada a cambio de su trabajo voluntario. Solamente el deseo del progreso general, el de todos y cada uno. Del avance de los negocios para todos: BUSINESS FOR ALL.

El regreso a España, como digo, decepcionante. Los medios de comunicación, al completo, nos trasladan la idea de que el Gobierno, en su última comparecencia, ha venido a decirnos que renuncia a cumplir sus promesas. Acepta la situación y dilata las posibles soluciones: nada de luchar contra el paro imposible, ni de potenciar la labor de los emprendedores con apoyos expresos.

La opinión generalizada es que el Gobierno no encuentra la salida y opta, como hasta ahora, por las soluciones más fáciles: aumento de tasas e impuestos, acuerdos con las Comunidades autónomas para flexibilizar sus déficits, retraso en la promulgación de la prometida Ley de Transparencia, permiso de la UE para trasladar el equilibrio de nuestras cuentas públicas hasta el 2016, vaselina y obediencia a raudales, apoyo mutuo a las entidades bancarias, pero ni una palabra sobre la necesidad imperiosa de adaptar, es decir, reducir, el sector público y sus innumerables e inútiles entes. Pese a los desmentidos, otro aumento del IVA y el IRPF flotan en el ambiente. Las pensiones en el aire. Desaparecido el crédito a las empresas.

Entre la infinidad de noticias negativas, unas declaraciones sorprendentes de los Presidentes de CEOE y CEPYME que dicen estar de acuerdo con las medidas del gobierno. Será por las No medidas, a juzgar por todos los expertos, partidos políticos incluidos. O quizás sea porque el cargo les obliga a una dosis mayor de obediencia, teniendo en cuenta sus expectativas de continuar durante unos años, como banquero ilustre el uno y acomodado perceptor de ingresos patronales el otro. El caso es que parecen ir contracorriente, pese a la inmensa gravedad que la situación supone para las perspectivas de las empresas.

Y para colmo una información, que hoy publicamos, sobre la intención del Presidente de CEIM de unir, en un futuro próximo, la patronal madrileña y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, en base a un argumento tan pedestre como que somos los mismos empresarios y, juntos, pero bien revueltos, nos vamos a llamar EMPRESARIOS DE MADRID.

Qué gran noticia, si tuviera un mínimo de lógica, porque de la posible fusión caliente se pasó a la fusión fría y, dado que los organismos a fusionar no son compatibles, se han abandonado estos términos en favor de una más que discutible SIMBIOSIS entre ambos que, en opinión de los equipos de comunicación, promete la felicidad y el éxito de la unión entre una patronal creada libre, que ha venido perdiendo el rumbo y una corporación de derecho público, sujeta a la tutela oficial y a cuantos caprichos e imposiciones partan de las filas de los que mandan.

Se dice que está al caer la nueva Ley de Cámaras, prometida y retrasada desde hace más de un año y que en ella se encuentra la ansiada solución a los problemas de unos y otros, pero nosotros nos tememos que, como tantas veces ha ocurrido, se vuelva a abrir la brecha y el resultado sea una mayor división, porque no sabemos si se han enterado pero la simbiosis puede empezar por ser mutualista, proceso en el que ambos se beneficien por igual y acabar en el parasitismo, estadio en el que unos se beneficien a costa del perjuicio de los otros.

Y mucho nos tememos que, en tal caso, estos últimos sean los EMPRESARIOS DE MADRID, antes llamados independientes.  

Enrique Martínez Piqueras

                                                                  Presidente de FEDESMA

¿Es posible otra patronal diferente?

“Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa y eso es, precisamente, lo que nos pasa”   (J.Ortega y Gasset)

Los empresarios nos preguntamos si en una situación tan crítica como la actual no sería bueno dejar a un lado la reconocida tendencia de nuestros dirigentes y organizaciones al pacto y la vaselina en los momentos difíciles, implicándonos con claridad a favor de soluciones que, sin alejarse demasiado de la ortodoxia imperante, suavicen la brutal caída de la actividad económica y sus secuelas en forma de desaparición de centenares de miles de empresas y millones de puestos de trabajo.

Nos preguntamos si no sería positivo posicionarnos a favor de una mayor transparencia del gobierno y de la banca en relación con el crédito a las empresas, sin el cual nada podrá volver a ser lo que fue, especialmente en lo referente a número de empresas, sectores económicos y trabajadores con perspectivas de futuro.

Pensamos que debiéramos insistir, un día si y otro también, en el desmontaje urgente de tantos centenares de empresas públicas creadas al amparo del espejismo oficial con el fin último de colocar a amigos, familiares y correligionarios, aún a costa de distorsionar los mercados y acometer proyectos imposibles o ruinosos.

Creemos estar seguros de que sin la desaparición de ese inmenso tinglado y el enorme coste que conlleva, por muchos esfuerzos de austeridad que se nos exijan nunca podremos equilibrar nuestras cuentas públicas sin acudir a la imposición de mayores impuestos y a la reducción de los derechos de los pensionistas y ciudadanos en general.

Los empresarios nos interrogamos sobre si no sería adecuado que no solamente cada uno de nosotros de forma individual, sino también nuestros dirigentes, nos dirigiéramos a la sociedad para expresar nuestro desánimo ante la continua subida de impuestos sobre el trabajo, la actividad económica y el patrimonio empresarial, que afecta de manera muy significativa a las pequeñas y medianas empresas, haciendo inviable su futuro.

También nos preguntamos sobre las razones por las cuales nuestras organizaciones no protestan de manera intensa y coordinada por las grandes subidas de tasas e impuestos municipales varios, que no mejoran la deficiente gestión municipal en relación con la actividad económica sino que se dedican en buena parte al clientelismo y al crecimiento desaforado de los ayuntamientos que han pasado a ser en muchos de ellos las primeras empresas por número de empleados en sus municipios, al tiempo que las menos eficientes.

Nos sorprende y por ello quisiéramos expresarlo, la actitud de unos sindicatos de otra época, cuyos dirigentes parecen pretender perpetuarse en sus cargos a pesar del evidente fracaso de su gestión, y su discutible función social.

Entendemos que no debiéramos eludir por más tiempo el debate sobre la carga fiscal que recae en especial sobre la pequeña y mediana empresa y la legión de autónomos, mientras la gran empresa goza de condiciones excepcionales que le permiten reducir su factura fiscal de manera importante.

Nos preguntamos insistentemente si hay algún motivo para que, a la vista de tantos escándalos públicos, económicos, administrativos,  que afectan a multitud de empresas, empresarios, administraciones y políticos varios,  nuestros representantes permanezcan mudos, sin criterio aparente.

¿ Y por qué no somos capaces de organizar el acto colectivo, tantas veces reclamado y demorado, en el que miles de empresarios reafirmemos nuestra confianza en la empresa y reclamemos respuestas urgentes y decididas a todo ello, como parte interesada e importantísima de la sociedad que somos ?.

Por lo tanto, nos preguntamos si esta situación, por anormal, puede continuar por mucho tiempo, por qué todas estas preguntas, que merecen respuestas, ni siquiera se plantean en debates abiertos y no se nos ocurre más que intentar analizar sus causas.

La conocida frase de Ortega y Gasset que encabeza este escrito, aunque expresada en un contexto diferente, nos impulsa a intentar llegar a conclusiones en relación con lo que nos pasa. Y lo cierto es que creemos saber lo que nos pasa.

Lo que nos pasa es que nuestras organizaciones, en buena medida, han sido ocupadas por gentes más próximas a los intereses políticos y personales que a los generales. Nos pasa que nuestras escasas decisiones, en consecuencia, comúnmente, están sujetas a la aprobación previa, que impide aplicarlas con la independencia necesaria. Nos pasa que los intereses personales de muchos de los que dicen militar en nuestras filas, priman sobre los intereses comunes.

Nos pasa que, aunque se dice con alguna frecuencia que hay que cambiar las cosas, no hay la menor intención de hacerlo y se incumplen los estatutos y las normas con absoluto desprecio a los derechos de todos. Nos pasa que muchos dirigentes nuestros participan o han participado en órganos mixtos de la administración o en entidades financieras, en representación de todos nosotros, sin dar cuenta de su gestión y de  sus resultados, aunque la consecuencia haya sido el desastre.

 Nos pasa mucho más, por lo que para que las patronales vuelvan a ser lo que fueron y conciten de nuevo el interés y el apoyo de los empresarios, debemos cambiar de manera radical. Debemos promover el debate y la transparencia. Debemos promocionar nuevas generaciones de dirigentes que sustituyan a los que están apegados a sus inútiles cargos. Debemos potenciar a los auténticos empresarios sobre aquellos que se engañan a si mismos al tiempo que intentan hacerlo con nosotros. Debemos cumplir los Estatutos con seriedad y firmeza.

Y por tanto, algunos hemos decidido empezar a trabajar sobre ello, a través de una plataforma que se inscribirá en internet con el título de OTRA CEIM ES POSIBLE, a la que están invitados todos los empresarios de buena fe que se sientan capaces de participar y aportar ideas e incluimos un documento de análisis sobre La estructura de CEIM y sus propuestas de solución.

 

Adjuntamos informe de la estructura de CEIM en el siguiente enlace:

Informe Estructura CEIM

Sindicatos y EREs

La opinión pública está siguiendo con interés el proceso que la Juez Alaya ha relanzado en relación con la concesión de ingentes cantidades de dinero público en el llamado caso de los ERE, Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos de la Junta de Andalucía.

La titular del Juzgado numero 6 de Sevilla, reincorporada tras su larga indisposición, ha puesto en marcha la máquina del poder judicial y en pocos días ha comenzado a desentrañar un caso que puede superar con amplitud los peores augurios que los ciudadanos intuíamos tras la primera parte de la instrucción del sumario.

El asunto es escandaloso en sí mismo, tanto por las enormes cantidades de dinero público que se manejan, como por la intervención de multitud de políticos, beneficiarios, comisionistas, intermediarios, testaferros,  pero especialmente, en nuestra opinión, por sindicalistas de variada condición e incluso de los grandes sindicatos, posibles receptores de importantes cantidades en su papel de cooperadores activos o pasivos.

Llama la atención, en la larga trayectoria del proceso de concesión de los expedientes, que ningún responsable político de cierto nivel, más allá del pintoresco Director General de Trabajo y su insuperable, por increíble, equipo de personal de la más intima confianza, tuvieran la menor idea de lo que se ha estado gestando en Andalucía a lo largo de tantos años.

Pero, sobre todo, produce asombro el papel de los sindicatos en todo este enorme embrollo. Que los sindicatos hayan podido percibir cantidades de dinero importantes por su apoyo a los procesos de regulación de empleo sin profundizar en ellos, ni mucho ni poco según las noticias que nos llegan, sin interesarse en exceso por la continuidad o la pervivencia de las empresas o por las posibles irregularidades de la inclusión de personas ajenas a las mismas, no deja de ser una variante más del sindicalismo gregario y residual que tenemos que soportar los empresarios.

 Llevamos demasiados años aceptando pasivamente  su intervencionismo en todo tipo de actividades,  en un desempeño de su función, con frecuencia de carácter politizado y matonista que ha conducido a demasiadas empresas a la ruina o la desaparición y a centenares de miles de trabajadores al paro sin solución ni futuro, por su concepción totalitaria de la supuesta defensa de los derechos de los que dicen representar.

Cualquier empresario que se ha visto abocado a una adaptación de su empresa a las necesidades del mercado en un determinado momento, con independencia de su tamaño, sabe que ello ha tenido y tiene un coste. Por lo regular, el coste de una negociación que aumentara las indemnizaciones de los trabajadores, sin importar el futuro de empresa ni trabajadores y con alguna que otra contrapartida directa o indirecta a los propios sindicatos.

El caso de los ERE es la versión máxima de esta práctica que ha dado una fuerza y una presencia excesiva a los sindicatos, en virtud de unas leyes laborales que afortunadamente han comenzado a modernizarse. Hoy, la jueza Alaya ha empezado a poner ante la opinión pública, de manera descarnada, la intervención de sindicalistas y cómplices varios, también políticos, que han venido creyendo que el dinero público se podía utilizar como un arma para la potenciación de la acción de unos, el beneficio de los allegados, el enriquecimiento de otros y el mantenimiento artificial de un tejido productivo insostenible debido a tanto intervencionismo interesado.

La Constitución reserva un papel esencial a los agentes sociales, también a los sindicatos que limiten su papel en aquellos asuntos que les son propios, defendiendo el futuro de los trabajadores y de las empresas, con transparencia, diálogo sincero, democracia interna y en los ámbitos que les corresponden y que, desde luego deben estar bien alejados de la política y de los Consejos de Administración.

Pero ha llegado la hora de que cada uno acepte cumplir su papel, empresarios, trabajadores, políticos de toda condición, agentes sociales, porque la situación de la economía española no permite ninguna alegría y, mucho menos, noticias e irregularidades de este calado.

Nuestro agradecimiento a la juez Alaya y el deseo de que llegue hasta el fondo de tan pantanoso y putrefacto asunto.

CEIM en la encrucijada

Las últimas semanas han traído un poco de tranquilidad a la casa de los empresarios madrileños. Las muestras de abatimiento que aparentaba su Presidente, Arturo Fernández, debidas al desorbitado eco mediático de unas leves irregularidades en las nóminas de ciertos trabajadores, habían trasladado a la opinión pública y a los empresarios de la patronal la sensación de un inminente abandono, tras el “periodo de reflexión” anunciado por él mismo.

Algunos, en su afán por ayudar al desenlace, ya se habían aprestado a dar su consejo, sin duda “desinteresado”, proponiendo incluso un “ plan para un relevo ordenado y temporal ” que devolviera al Presidente las fuerzas y el ánimo supuestamente perdidos y de paso lanzar discretamente su eventual candidatura.

Así es la vida. Desde el comienzo del asunto, dijimos que la importancia que daban los medios a tan escasa materia era excesiva y sospechamos de un movimiento que respondía más al “fuego amigo” procedente de la política que de la propia clase empresarial, tan desvinculada de la gestión de nuestros líderes. Las irregularidades, de existir, tendrán un carácter leve, previsiblemente serán sustanciadas con las sanciones debidas, sin más repercusión y todo ello dormirá pronto en el olvido.

Quizás se haya debido el episodio a la escasa independencia de la patronal de los sinuosos ámbitos de la política, independencia en su grado justo tantas veces reclamada, precisamente para evitar situaciones como la vivida, que no beneficia a nadie y mucho menos a la propia institución, aunque haya permitido echar al vuelo los sueños, impropios por excesivos, de algunos a los que puede más el ansia por llegar allá donde no alcanzan sus capacidades, que el sentido común que se les presupone.

Y es que, además, también hemos dicho que Arturo Fernández es un tipo de empresario y de persona muy difícil de discutir. Sus negocios, en tercera generación, son fruto de esfuerzo, trabajo, dedicación, propios de un sector complejo en el que no se puede llegar hasta donde él ha llegado sin los méritos citados, junto con una gran fe en su proyecto y una personalidad abierta y campechana que reconocemos todos cuantos le conocemos. Quiere esto decir que es muy difícil de sustituir y que no se le conocen sucesores a corto plazo, por mucho que se intenten encontrar, dentro de la propia CEIM.

Pero todo ello no quiere decir que su presidencia ha sido perfecta o que no se haya abierto la sucesión. Bien porque el propio interesado, ante tan incómoda experiencia, haya  podido hacer un examen de conciencia que le aconseje dedicar más tiempo a sus complejos negocios que a la patronal, bien porque otros elementos para nosotros aún desconocidos le inclinen a ello, o porque simplemente crea que es el momento de recuperar una buena parte de su libertad, perdida en tarea tan ingrata y poco agradecida como es la representación institucional.

Por otro lado, para muchos de los que la componemos, CEIM hace tiempo que ha ido perdiendo su esencia por lo que procede una cierta recomposición de sus fines y objetivos. La patronal que nació como suma de asociaciones con el añadido lógico de algunas grandes empresas inclasificables en sectores o territorios concretos, ha dado en un conglomerado de empresas de todo tamaño, muchas de ellas públicas, más cerca de un lobby de intereses múltiples que de la Confederación de patronales que le dio representatividad y presencia.

Ese lobby, pastoreado por ciertos dirigentes o asociaciones de sectores, hoy en franca decadencia, domina sus órganos clave y sus debilitadas finanzas. La multitudinaria Asamblea General, deslavazado órgano supremo que dobla en número a la propia CEOE, la burocrática Junta Directiva, forzosa sustituta del desaparecido Comité Ejecutivo, la llamada Mesa de Vicepresidentes, igualmente espesa y de emergencia, junto con la conocida como mini-mesa o mesa camilla para el alivio de las urgencias del Presidente, así como alguna Comisión, como la llamada de Admisiones, cuya única finalidad es filtrar la entrada de todo aquel que disguste o incomode a sus escasos e iluminados componentes, todo ello destila un olor rancio, impropio de la gran organización abierta y transparente que, por su papel en el fomento del asociacionismo empresarial mereció el reconocimiento de “organización más representativa” en virtud de la Ley 7/95 de la Comunidad de Madrid.

Dicha Ley, que permitió su representatividad y crecimiento, hoy se usa como elemento diferenciador y excluyente, hurtando los derechos igualitarios de todos y reforzando, o intentando reforzar,  las ilusiones sucesorias de algunos que esperan ascender a las alturas en los próximos meses, con motivo de la Asamblea General Electoral.

Pero hay que advertir que, el Presidente Arturo Fernández, en las reuniones convocadas al efecto estos días con sectores y territorios, se ha comprometido a resolver las diferencias internas de todo tipo, a aplicar los estatutos tal y como fueron concebidos y respetados durante decenios y a modernizar CEIM con el mismo o parecido planteamiento que la propia CEOE está queriendo llevar a efecto en su inminente Asamblea,  para intentar devolverle el prestigio perdido, aunque para algunos tal cambio solo persiga la continuidad de los mismos personajes.

Es la única manera de preservar el papel y hasta la supervivencia de la patronal de Madrid. No pueden seguir las capillas y las exclusiones. No se debe continuar con la política buenista y presidencialista durante mucho tiempo, por más que, como hemos dicho, sea muy difícil encontrar entre nuestras filas a empresarios de dimensión, compromiso y capacidad de liderazgo suficientes para llevar adelante la tarea de la necesaria renovación.

CEIM está en un momento clave. Su Presidente tiene una gran responsabilidad. Debe introducir grandes cambios, de personas y proyectos, tanto si se va como si decide continuar, porque de no hacerlo es más que probable que, por primera vez en la historia de nuestra casa común, ya dividida, se produzcan escisiones y emerjan las contradicciones en unas elecciones alejadas de la lista y candidato único consensuado y aceptado por la inmensa mayoría, procedimiento que ha sido habitual en sus 35 años de vida.