En nuestro blog del pasado 4 de Marzo, que reproducimos al final de este escrito, dábamos la bienvenida a una sentencia, esta vez  del Tribunal Constitucional (la última de una larga serie), que establece la obligatoriedad de destinar los fondos que se recaudan por la vía de las cuotas a la Seguridad Social por el concepto de formación profesional, a la formación de trabajadores en activo y gestionadas por sus representantes, los agentes sociales.

El título del artículo “POR FIN, EL CONSTITUCIONAL NOS DEVUELVE LA VOZ”, y su contenido, reclaman el derecho de empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones, para aplicar los fondos generados con destino a la formación profesional de trabajadores en activo y que no pueden dedicarse a otros fines distintos de los que causan la recaudación.

La Tesorería General de la Seguridad Social, recauda por este concepto 1.860 millones de euros a través de la citada cuota de formación profesional, el 0,7% de la base de cotización, que tienen como objetivo la financiación del subsistema de Formación continua por lo que, por su carácter finalista, no pueden dedicarse a las llamadas políticas activas de empleo, formación de desempleados y, mucho menos, al pago de prestaciones por desempleo, como está ocurriendo.

Nos reafirmamos en el contenido de nuestro blog del 4 de Marzo pasado y nos sumamos a las distintas organizaciones de la CEOE que, hartas de ser orilladas, se han plantado ante el Presidente Juan Rosell y enviado una carta emplazándole a negociar con el Gobierno de manera urgente una reforma del Sistema de Formación Continua que concluya en un pacto que respete y acate las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional.

Y es que, según distintas fuentes, en los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, ya se produjo una importante reducción, superior al 30% de las cantidades recaudadas para esta finalidad, y en el año 2013, de los 1.860 millones de euros recaudados, se han destinado el 57% del total, es decir 1.059 millones, para desempleados, cantidades que gestionan las Comunidades Autónomas.

Entendemos las dificultades del Ejecutivo para cuadrar sus cuentas en momentos tan difíciles, pero no podemos permitir sin protestar, que se detraigan cantidades tan importantes de unos fines tan claramente definidos y tan reiteradamente incumplidos pese a las continuas sentencias de los tribunales, que los políticos ignoran con un manifiesto desprecio hacia las organizaciones de los empresarios.

 

Y para colmo, una buena parte de dichas cantidades se destinan a engrosar las cuentas y los cometidos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, suplantando las funciones y los derechos de empresarios y trabajadores, financiadores de las mismas y destinatarios últimos de las políticas de formación continua para la mejora de sus actividades.

Es la historia de siempre. Los políticos acumulan poder y medios y las organizaciones nos limitamos a protestar tímidamente, ayunos de la fuerza y la independencia perdidos hace tiempo y que, al paso que vamos, no recuperaremos nunca más.

Las últimas noticias sobre algunos escándalos en el manejo de los fondos de formación por parte de algunos sindicatos y organizaciones empresariales que, de confirmarse, rechazamos y exigimos su esclarecimiento, no impiden que las organizaciones libres y legítimas de los empresarios reclamemos nuestros derechos y nos comprometamos a cumplir nuestras obligaciones, de manera especial en este supuesto, tan importante para todos, máxime cuando las financiamos plenamente.

-  Blog de Marzo -

En este comienzo del año 2013, en que los políticos intentan vanamente convencernos de que se inicia el final de la crisis, sabiendo que estamos en lo más álgido de la misma, se ha producido un acontecimiento que merece la pena ser analizado y comentado debidamente.

Y es que el Tribunal Constitucional, en sentencia del 22 de Enero de 2013, establece que los fondos de formación continua han de ser controlados por las empresas y los trabajadores que los sufragan, es decir, por sus representantes de la patronal y los sindicatos.

La sentencia, inequívoca en su formulación, no hace más que reconocer un derecho de las organizaciones de empresarios y trabajadores recogido en nuestra Constitución que, desde su Título Preliminar, nos hace responsables de la gestión de “ los intereses que nos son propios”.

Sin embargo, el mundo de la política viene ocupando todos los espacios de la sociedad hasta un extremo asfixiante que produce el rechazo de los ciudadanos, recogido con amplitud en las encuestas. Políticos de toda condición se permiten poner en cuestión la labor de patronales y sindicatos, organizaciones sociales o ciudadanas múltiples. La cuestión es controlar la sociedad para que nada ni nadie discuta su hegemonía y su dominio.

Consciente de ello, el actual gobierno empieza a poner coto a la presión de Ayuntamientos, Comunidades y partidos políticos. Trata de limitar su poder y la abusiva distribución de cargos, bienes y dineros entre amigos, colaboradores o correligionarios, hasta tal punto que la sociedad civil, que debiera inspirar la acción política, abomina de ella y rechaza su predominio.

Y, mientras tanto, hasta que la sociedad despierte y exija su papel, esencial para una democracia sana, es bueno que a la incipiente y lenta labor del Gobierno, los jueces del Tribunal Constitucional se hayan sumado, dando una lección a algunos políticos que, en su prepotencia, decidieron que también podían disponer de los fondos que empresas y empleados están obligados a aportar para la formación de los trabajadores ocupados.

Lo curioso del caso es que la sentencia ha sido consecuencia de un recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña, reclamando para sí el control de estos fondos e, incluso, la capacidad para legislar sobre ellos. CEOE y los Sindicatos, derrotados, parecían haber aceptado que el Estado, a través de la decisión de Fátima Báñez, dedicara la mitad de los mismos a las llamadas políticas activas de empleo, brindando a Comunidades autónomas y Ayuntamientos su gestión para la atención a los desempleados, en lo que creemos un claro abuso de poder y un regalo envenenado.

Pero el Tribunal Constitucional lo ha dejado bien claro y “ el Gobierno ha encajado un varapalo después de haber ninguneado a la CEOE y atacado a los sindicatos” según una fuente sindical. Ahora Ayuntamientos y Comunidades autónomas deberán devolver esos fondos para que sean gestionados por quienes únicamente pueden hacerlo, patronales y sindicatos.

Y este es el momento para demostrar que ambos están en condiciones de llevarlo a cabo con eficacia y transparencia, por muy desprestigiados que estén, porque no podemos ignorar que, con frecuencia, los fondos de formación se utilizan para fines distintos y que demasiadas personas, supuestos líderes empresariales o sindicales, se lucran con ellos y viven de su utilización oscura o interesada.

Desenmascaremos de una vez a falsas patronales que, apoyadas por políticos de todo signo, sobreviven arteramente en una jungla que mezcla los intereses de formación de nuestros trabajadores, con los de una importante cantidad de arribistas y supuestos líderes empresariales que acumulan cargos de representación para seguir avanzando en el descrédito y la politización de nuestras necesarias organizaciones.

En esa tarea, podemos asegurar que FEDESMA estará en la primera línea.