Estos
días se está tratando en la Comisión Constitucional del Congreso sobre la nueva
Ley de Transparencia que afectará también a la patronal y a los sindicatos. Con
este motivo, han sido citados para exponer su posición, los representantes de
dichas instituciones, que nos han dejado unas declaraciones de lo más sabroso.
Las
declaraciones del representante empresarial, Juan Pablo Lázaro, han llenado a
muchos empresarios de inquietud y desconcierto. De inquietud, porque viniendo de
un empresario aún joven, aunque con experiencia en la labor más oscura del
mundo asociativo, ha abordado la cuestión con argumentos que parecen venidos de
otra época. De épocas a las que los empresarios no debiéramos regresar, ni
tampoco unas organizaciones libres que aspiren a la modernidad.
Y
de desconcierto porque a estas alturas de nuestra democracia, inmersos en la
mayor crisis económica que se recuerda, cuando el país entero y la gran mayoría
de nuestros ciudadanos reclama transparencia, hasta la Casa Real pide que se la
incluya en la nueva Ley y los barómetros sociológicos nos aperciben del escaso
valor que los empresarios conceden a nuestras organizaciones, el discurso de
nuestro teórico representante se centra en rechazar el control de unas cuentas
que él sabe bien que, en un altísimo porcentaje, se surten de fondos públicos
porque nuestras asociaciones, desprestigiadas, vacías de empresarios
comprometidos, en la mayoría de los casos no generan ni el 10% de sus ingresos totales
a través de las cuotas voluntarias de sus miembros.
No
se entiende que se intente eludir la posibilidad de que se conozcan y hagan
públicas, si fuera necesario o conveniente, las retribuciones de nuestros
dirigentes ni la composición y cumplimiento de los presupuestos de pequeñas o
grandes organizaciones, ni se entiende que su argumentación se base en el
supuesto perjuicio que, según él, se causaría a la mayoría de las 4500
entidades que componen la CEOE, casi todas de pequeña dimensión, lo cual “obstaculizaría
su funcionamiento”, cuando sabe muy bien el ponente que la Ley afectará
especialmente a las grandes ya que a las pequeñas organizaciones no les
preocupa en absoluto la TRANSPARENCIA TOTAL.
Estamos
seguros de que el discurso forzado de Juan Pablo Lázaro, impuesto por la propia
CEOE, no recibirá la adhesión de nuestros empresarios, ni siquiera la de los
escasos dirigentes no profesionales que nos van quedando, tan seguros como de
que, como es costumbre, no se producirá el necesario debate sobre tan
importante cuestión en la gran patronal y sus ramificaciones, porque no les
conviene profundizar en ello y la cúpula preferirá el mal menor que, dicho sea
de paso, ya está suficientemente tamizado para que si se produce la necesidad
de acuerdos a posteriori, sean los políticos quienes decidan.
Lo
que nos hubiera gustado es que nuestros teóricos representantes, a semejanza
del discurso más inteligente de los Sindicatos, hubieran alzado ante los
diputados la bandera de la transparencia ligándola a la libertad de asociación que
proclama la Constitución, así como la preeminencia de las asociaciones libres sobre
las instituciones públicas que la limitan y amenazan de nuevo con una posible y
ampliada Ley de Cámaras de Comercio que, si Dios no lo remedia, cederá en gran
medida la representación y prestación de servicios empresariales a los poderes
públicos y sus terminales políticas.
Porque
CEOE no lo va a remediar, a juzgar por su débil oposición y la multitud de
pequeñas organizaciones libres, que deseamos la TRANSPARENCIA TOTAL, nos
encontraremos pronto ante la necesidad de abandonar, porque no tendremos ni
fondos públicos ni cuotas privadas que auditar ante nuestros ciudadanos.
Enrique
Martínez Piqueras
Presidente
de FEDESMA
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