En la entrega anterior, he querido explicar la
importancia que nuestro texto constitucional otorga a las organizaciones de los
empresarios, a las que adjudica la defensa y promoción de los intereses
económicos que les son propios, en el ejercicio de su libertad y funcionamiento
democrático.
Ello conlleva indudables derechos y obligaciones
que, a juicio de muchos empresarios, deben ser observados escrupulosamente y respetados
porque, al hacerlas depositarias de la representación de las empresas, la
Constitución decide que en la gestión de los mismos su papel es fundamental. Y
no solo en aquello que ha dado en denominarse como “diálogo social” sino en
toda otra cuestión de carácter económico que afecte o pueda afectar a los
intereses que les son propios.
Pero así como en la transición los sindicatos libres
de los trabajadores no tuvieron demasiados problemas para afirmar su acción y
proyectar su futuro, las organizaciones de los empresarios se encontraron en
situación distinta. Unas potentes organizaciones casi centenarias,
corporaciones de derecho público, de adscripción obligatoria, cuya finalidad
era y pretende seguir siendo la defensa de los intereses generales de las
empresas – industria, comercio y servicios – con estructura y financiación
públicas, operaban en el mismo ámbito, representaban a los mismos actores y,
con reglas de juego distintas, perseguían parecidos objetivos: LAS CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACION.
Ajeno a esta situación, el Gobierno ha decidido
aprobar el anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios
para su debate y, en su caso, aprobación en el Parlamento y, como hemos dicho,
ello tendrá un efecto sobre las organizaciones patronales. Dada su importancia y la repercusión que de seguro
tendrá el asunto, merece la pena recordar la historia de las Cámaras y los
desencuentros habidos entre ambas instituciones desde el mismo comienzo de la
democracia.
Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, herederas
de los gremios y los consulados, iniciaron
su andadura al amparo del Real Decreto de 1886, como “asociaciones voluntarias, libres y privadas”, con un vasto
catálogo de competencias y escasos medios, por lo que el Real Decreto de 21 de Junio de 1901 amplió sus atribuciones y
recursos, calificándolas como establecimientos públicos, con representación del
comercio y la industria. No obstante, la carencia de recursos llevó al
Gobierno de la época a promulgar la Ley
de Bases de 1911, reconociendo la pertenencia obligatoria de todas las empresas,
en calidad de electores y la contribución a su sostenimiento por parte de las
que tuvieran beneficios.
Ya en plena democracia, La Ley
3/1993, de 22 de Marzo, reforzó su papel como corporaciones de derecho público, y tras diversos avatares, por la oposición de las
patronales agrupadas en CEOE y la desafección de una gran cantidad de
empresarios descontentos con el sistema dual que representaban, el Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de
Diciembre eliminó la pertenencia y pago obligatorios para todas las empresas.
Es absurdo e inútil discutir la importancia y el
papel histórico de las Cámaras, sus aportaciones a la economía, al crecimiento
de las empresas y su relevancia institucional en determinados momentos de
nuestra historia económica. Como lo es minusvalorar los apoyos que han venido
prestando a multitud de empresas de pequeña dimensión o el valor de su marca
ante los desafíos internacionales del comercio o, en otro orden de cosas, el
importante patrimonio acumulado de algunas de ellas que merece ser reconocido y
exaltado.
Pero también es necesario analizar lo sucedido
durante el transcurso del periodo democrático y los conflictos, desencuentros y
hasta enfrentamientos entra las patronales libres, diseñadas por nuestra
Constitución y las Cámaras, como entes públicos. Por eso, creo que es bueno recordar todo ello. Recordar
porque, como dijo Aristóteles “ gracias
a la memoria, se da en los hombres
lo que se llama experiencia” y lo vivido entre ambas instituciones, con
mayor o menor reconocimiento institucional, si no se le pone remedio, se puede
reproducir en los próximos tiempos.
Muchos empresarios que hemos vivido aquellos
momentos, recordamos la presión del Gobierno de Felipe González en favor de una
nueva Ley de Cámaras plenamente constitucional, así como el posicionamiento y las
duras frases de José María Cuevas sobre la nula necesidad de unas instituciones
de derecho público que limitaban el fortalecimiento y el avance de las
patronales libres. También las promesas de los distintos partidos, en el
gobierno o en la oposición, dispuestos a resolver la dualidad, pero incumpliéndolas al
llegar al poder. En definitiva, en momentos de gran tensión, hemos
experimentado las enormes diferencias de criterio de los que aparentaban ser
los mismos empresarios, en función de su representatividad, del lado en que se
encontraban, de si eran patronales
o, por el contrario, camerales.
Y, cómo no, recordamos la decisión de muchas
patronales de asumir el mando de las Cámaras a través de las elecciones, eliminando el peligro y potenciando así
nuestras organizaciones a través de su gestión directa. Desde aquella llamada
“guerra de las Cámaras” algunos, muy pocos, consiguieron la presidencia de
ambas instituciones, dada la división existente que ha llegado hasta hoy. Como
ejemplo, en Madrid, desde entonces, los Presidentes de CEIM han ostentado
también la presidencia de la Cámara de Madrid.
Pese a todo, las elecciones, en plena batalla por el
control de las Cámaras, no llegaron a interesar al cuerpo electoral – el total
de los empresarios censados – con una participación cercana al 3 por ciento en
el mejor de los casos, lo que demuestra el escaso valor que han tenido y tienen
para el empresario medio.
Por eso nos sorprende sobremanera la decisión del
Gobierno de abordar una nueva Ley que potencia sus funciones y prima a las
empresas de mayor dimensión en los órganos de Gobierno, al tiempo que obliga a mantener
a todas ellas en el censo, eso sí, sin la exigencia de pago alguno obligatorio, solo por la
prestación de los servicios que voluntariamente se soliciten.
La formación, ahora dual, similar al sistema alemán,
que se restringe a las patronales, se adjudicará a las Cámaras, al tiempo que
se facilitarán los acuerdos de prestación de servicios con las distintas
administraciones públicas, en función de su carácter de corporaciones públicas,
lo que significa que se limitará la acción de las organizaciones libres de los
empresarios, en beneficio de una mayor intervención política en la economía a
través de un nuevo ente público corregido y aumentado.
Es una mala noticia para las asociaciones
empresariales que verán restringida su acción y limitado su futuro. Los
empresarios deberán decidir donde se posicionan y quién le presta los
servicios. Seguirá la confusión y la frustración de tantos dirigentes
empresariales que ven, una vez más, que la libertad no es la prioridad de
nuestros políticos.
Al menos nos queda un consuelo: la posibilidad de
transformar nuestras organizaciones en Cámaras y pasarnos todos al sector
público, en el que no hay, al parecer, problemas de financiación ni de
legitimidad.
Presidente
de FEDESMA, Vicepresidente de CEIM
Miembro
del Pleno de La Cámara de Madrid y de la Asamblea de CEOE
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