En este comienzo del año 2013, en que los políticos intentan vanamente convencernos de que se inicia el final de la crisis, sabiendo que estamos en lo más álgido de la misma, se ha producido un acontecimiento que merece la pena ser analizado y comentado debidamente.
Y es que el Tribunal Constitucional, en sentencia del 22 de Enero de 2013, establece que los fondos de formación continua han de ser controlados por las empresas y los trabajadores que los sufragan, es decir, por sus representantes de la patronal y los sindicatos.
La sentencia, inequívoca en su formulación, no hace más que reconocer un derecho de las organizaciones de empresarios y trabajadores recogido en nuestra Constitución que, desde su Título Preliminar, nos hace responsables de la gestión de “ los intereses que nos son propios”.
Sin embargo, el mundo de la política viene ocupando todos los espacios de la sociedad hasta un extremo asfixiante que produce el rechazo de los ciudadanos, recogido con amplitud en las encuestas. Políticos de toda condición se permiten poner en cuestión la labor de patronales y sindicatos, organizaciones sociales o ciudadanas múltiples. La cuestión es controlar la sociedad para que nada ni nadie discuta su hegemonía y su dominio.
Consciente de ello, el actual gobierno empieza a poner coto a la presión de Ayuntamientos, Comunidades y partidos políticos. Trata de limitar su poder y la abusiva distribución de cargos, bienes y dineros entre amigos, colaboradores o correligionarios, hasta tal punto que la sociedad civil, que debiera inspirar la acción política, abomina de ella y rechaza su predominio.
Y, mientras tanto, hasta que la sociedad despierte y exija su papel, esencial para una democracia sana, es bueno que a la incipiente y lenta labor del Gobierno, los jueces del Tribunal Constitucional se hayan sumado, dando una lección a algunos políticos que, en su prepotencia, decidieron que también podían disponer de los fondos que empresas y empleados están obligados a aportar para la formación de los trabajadores ocupados.
Lo curioso del caso es que la sentencia ha sido consecuencia de un recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña, reclamando para sí el control de estos fondos e, incluso, la capacidad para legislar sobre ellos. CEOE y los Sindicatos, derrotados, parecían haber aceptado que el Estado, a través de la decisión de Fátima Báñez, dedicara la mitad de los mismos a las llamadas políticas activas de empleo, brindando a Comunidades autónomas y Ayuntamientos su gestión para la atención a los desempleados, en lo que creemos un claro abuso de poder y un regalo envenenado.
Pero el Tribunal Constitucional lo ha dejado bien claro y “ el Gobierno ha encajado un varapalo después de haber ninguneado a la CEOE y atacado a los sindicatos” según una fuente sindical. Ahora Ayuntamientos y Comunidades autónomas deberán devolver esos fondos para que sean gestionados por quienes únicamente pueden hacerlo, patronales y sindicatos.
Y este es el momento para demostrar que ambos están en condiciones de llevarlo a cabo con eficacia y transparencia, por muy desprestigiados que estén, porque no podemos ignorar que, con frecuencia, los fondos de formación se utilizan para fines distintos y que demasiadas personas, supuestos líderes empresariales o sindicales, se lucran con ellos y viven de su utilización oscura o interesada.
Desenmascaremos de una vez a falsas patronales que, apoyadas por políticos de todo signo, sobreviven arteramente en una jungla que mezcla los intereses de formación de nuestros trabajadores, con los de una importante cantidad de arribistas y supuestos líderes empresariales que acumulan cargos de representación para seguir avanzando en el descrédito y la politización de nuestras necesarias organizaciones.
En esa tarea, podemos asegurar que FEDESMA estará en la primera línea.
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