Sindicatos y EREs

La opinión pública está siguiendo con interés el proceso que la Juez Alaya ha relanzado en relación con la concesión de ingentes cantidades de dinero público en el llamado caso de los ERE, Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos de la Junta de Andalucía.

La titular del Juzgado numero 6 de Sevilla, reincorporada tras su larga indisposición, ha puesto en marcha la máquina del poder judicial y en pocos días ha comenzado a desentrañar un caso que puede superar con amplitud los peores augurios que los ciudadanos intuíamos tras la primera parte de la instrucción del sumario.

El asunto es escandaloso en sí mismo, tanto por las enormes cantidades de dinero público que se manejan, como por la intervención de multitud de políticos, beneficiarios, comisionistas, intermediarios, testaferros,  pero especialmente, en nuestra opinión, por sindicalistas de variada condición e incluso de los grandes sindicatos, posibles receptores de importantes cantidades en su papel de cooperadores activos o pasivos.

Llama la atención, en la larga trayectoria del proceso de concesión de los expedientes, que ningún responsable político de cierto nivel, más allá del pintoresco Director General de Trabajo y su insuperable, por increíble, equipo de personal de la más intima confianza, tuvieran la menor idea de lo que se ha estado gestando en Andalucía a lo largo de tantos años.

Pero, sobre todo, produce asombro el papel de los sindicatos en todo este enorme embrollo. Que los sindicatos hayan podido percibir cantidades de dinero importantes por su apoyo a los procesos de regulación de empleo sin profundizar en ellos, ni mucho ni poco según las noticias que nos llegan, sin interesarse en exceso por la continuidad o la pervivencia de las empresas o por las posibles irregularidades de la inclusión de personas ajenas a las mismas, no deja de ser una variante más del sindicalismo gregario y residual que tenemos que soportar los empresarios.

 Llevamos demasiados años aceptando pasivamente  su intervencionismo en todo tipo de actividades,  en un desempeño de su función, con frecuencia de carácter politizado y matonista que ha conducido a demasiadas empresas a la ruina o la desaparición y a centenares de miles de trabajadores al paro sin solución ni futuro, por su concepción totalitaria de la supuesta defensa de los derechos de los que dicen representar.

Cualquier empresario que se ha visto abocado a una adaptación de su empresa a las necesidades del mercado en un determinado momento, con independencia de su tamaño, sabe que ello ha tenido y tiene un coste. Por lo regular, el coste de una negociación que aumentara las indemnizaciones de los trabajadores, sin importar el futuro de empresa ni trabajadores y con alguna que otra contrapartida directa o indirecta a los propios sindicatos.

El caso de los ERE es la versión máxima de esta práctica que ha dado una fuerza y una presencia excesiva a los sindicatos, en virtud de unas leyes laborales que afortunadamente han comenzado a modernizarse. Hoy, la jueza Alaya ha empezado a poner ante la opinión pública, de manera descarnada, la intervención de sindicalistas y cómplices varios, también políticos, que han venido creyendo que el dinero público se podía utilizar como un arma para la potenciación de la acción de unos, el beneficio de los allegados, el enriquecimiento de otros y el mantenimiento artificial de un tejido productivo insostenible debido a tanto intervencionismo interesado.

La Constitución reserva un papel esencial a los agentes sociales, también a los sindicatos que limiten su papel en aquellos asuntos que les son propios, defendiendo el futuro de los trabajadores y de las empresas, con transparencia, diálogo sincero, democracia interna y en los ámbitos que les corresponden y que, desde luego deben estar bien alejados de la política y de los Consejos de Administración.

Pero ha llegado la hora de que cada uno acepte cumplir su papel, empresarios, trabajadores, políticos de toda condición, agentes sociales, porque la situación de la economía española no permite ninguna alegría y, mucho menos, noticias e irregularidades de este calado.

Nuestro agradecimiento a la juez Alaya y el deseo de que llegue hasta el fondo de tan pantanoso y putrefacto asunto.